Freddy Domínguez NárezArgáez cabildea en favor del
Rector en el gabinete.
Constitución y Suprema Corte:
los órganos de control interno
son facultad del Poder Ejecutivo.
Creación y nombramiento de titulares
de la Contraloría de la UJAT son ilegales.
También sus actos.
The other side of Paradise. Problemas en el paraíso. First, el 29 de octubre pasado el columnista Jacinto López Cruz reveló en “Ojo visor” lo siguiente: “Ante el rumor que se ha esparcido, de que al rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio se le ha pedido su renuncia, y que solamente estará en el cargo hasta diciembre de este año, pues será relevado, funcionarios de esta máxima casa de estudios, decidieron utilizar el asesinato de una joven estudiante, ocurrido fuera de las instalaciones universitarias, para manifestarse públicamente, y mostrar el musculo sobre una gran movilización, si el actual gobierno insiste en su remoción.”. La revelación provocó reacciones de defensa pero también más revelaciones en ese sentido en todos los sectores de la sociedad que sottovoce dan fe de la primicia de Jacinto López Cruz. El asunto está en su compás de espera para ver si Narvaéz vive el drama de su caída o todo sigue igual. En su columna de hoy Ojo visor confirma que Narváez se despidió de la Junta de Gobierno de la UJAT en diciembre pasado y les pidió discreción sobre el anuncio de su caída. Pero la discreción es un imposible en nuestro trópico incurable, la indiscreción o la acción comunicativa, que se oye serio, es más bien el toque jocoso de la vida “que dios o quien sea lo permita o aunque no lo permita” como dice el poeta Dionicio Morales. De manera que al sol de hoy alumnos, profesores de la UJAT y público en general saben de ese brindis en diciembre en la cúpula de la UJAT, y están sentados en primera fila y palcos esperando ver pasar el cadáver del enemigo de la academia y de la investigación científica. Una escena que se materializará hoy en el Informe del Rector: todos estarán sentados viendo a qué horas se estrella y se incendia de una vez por todas. Además de la mala gestión en la UJAT, la cual ha convertido en una secundaria en detrimento de la investigación científica, y de administrarla como si fuera su partido político privado, para nadie es un secreto que el Rector es percibido como el chico malo de la política y de los corredores del poder. En efecto, desde la campaña a gobernador se le señaló de subsidiar con recursos de la UJAT a la campaña a gobernadora de Lorena Beaurregard del PAN, y últimamente, como lo confirma Jacinto López Cruz en su columna de hoy, también se le adjudican “dentro del mismo gobierno que tiene la información de cómo el rector ha operado en forma subterránea en contra de la actual administración, financiando económicamente a ciertas personas, que están de llenos en las redes sociales golpeando al gobernador Javier May”. Todo pagado con los impuestos de los ciudadanos of course. Otra cosa que ya todo el mundo comenta también –y no solamente Jacinto López Cruz quien revela el nombre– es que un miembro del gabinete del Gobernador intenta sostenerlo y hacer revocar la orden de renunciar que le dieron a Narvaéz desde hace meses. Se trata del Doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo. Un académico de carrera que sorpresivamente para la izquierda se posicionó en el primer nivel en el gabinete de Javier May. El Doctor Argáez tiene una larga carrera en puestos clave de diferentes gobiernos de derecha, de izquierda, autoritarios, semidemocráticos y democráticos: presidente del Instituto Electoral con Manuel Andrade donde le tocó llevar la elección fraudulenta de Andrés Granier contra la izquierda lopezobradorista –elección que ganó Raúl Ojeda pero le fue escamoteada (el consejero electoral de entonces Carlos Aguilar me contó que días antes de la elección a gobernador se reunieron todos los consejeros electorales con Manuel Andrade en la Quinta Grijalba incluido el Doctor Argáez que era el presidente del IEPCT, y quien habría agendado la reunión)–, presidente de la CEDH con Andrés Granier –lo que se percibió como un pago por sus servicios electorales pero ya sabemos que siempre hay malpensados my dear–, enseguida fue magistrado del Instituto de Transparencia con Arturo Núñez ya en el PRD (fuuuuum, nadie lo vio pasar de un espectro a otro, ¡el Flash de los corredores del poder!), luego delegado de la CNDH en Tabasco con Adán Augusto en Morena, y actualmente es el Consejero Jurídico en este otro gobierno de Morena también. Es una de las carreras políticas más impresionantes debido a la tremenda capacidad de reciclaje y sobrevivencia con tirios y troyanos. También es autor de libros especializados escritos generalmente al alimón con el Dr. Alfredo Islas Colín, su histórico asesor, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que lo convierte en un cuadro de élite del grupo compacto del Rector, donde a comenzar por el Rector nunca han escrito un libro serio ni pertenecen al SNI del Conahcyt y sólo tiene licenciatura en un mundo en el que la exigencia es el doctorado, o cuentan con doctorados sin valor académico verdadero con tesis mandadas a hacer. La cosa es que el Doctor Argáez de los Santos, que también es académico de la UJAT, se alineó con el Rector cuando en todos los académicos de la UJAT hay consenso de que Narváez debe salir eyectado de la Rectoría lo antes posible. Una asincronía que el Doctor Argáez de los Santos deberá reflexionar. Por ahora debe preocuparse de que ha quedado marcado como el cabildero de Narváez Osorio dentro del gabinete –quien ha su vez ha quedado marcado como el chico malo de la gobernabilidad en Tabasco– para intentar sostenerlo en la Rectoría, en un malabarismo más peligroso que jugar con fuego en la refinería Dos Bocas.
Secondo. Desde el principio el Rector ha usurpado funciones con la creación de la Contraloría de la UJAT y nombramiento de sus titulares, lo que por reserva de ley le corresponde al Gobernador Javier May Rodríguez. De acuerdo al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción los lineamientos establecidos en las leyes federales y estatales establecen que los órganos de control internos de todas las entidades e instituciones del Estado deben ser nombrados, incluyendo el caso de Tabasco, por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anteriormente Secretaría de la Función Pública. La UJAT es una entidad con autonomía pero obligada a acatar los mandamientos constitucionales y de la legislación federal y local, algo que incluso la Suprema Corte, como veremos más adelante, ha dejado establecido desde hace más de veinte años.
Comenzaremos el análisis con la Constitución federal, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su correspondiente estatal donde se señala “que el SNA es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia anticorrupción y, por otro, que las entidades federativas establecerán sus sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.” Lo anterior se traduce indiscutiblemente en que un Órgano Interno de Control (OIC como les llama la ley) no forma parte de la estructura interna de ninguna universidad autónoma, incluida la UJAT.
La Suprema Corte ha dejado claro que “la facultad de autogobierno (en el caso de universidades autónomas) consiste en la posibilidad de tomar decisiones definitivas al interior de su estructura interna ad-intra”, y por lo tanto el órgano de control interno que en la UJAT se llama Contraloría no forma parte de esa estructura “ad-intra”, es decir, adentro de los muros y reglamentos internos de la Univerisidad. Esto es así, porque como la Suprema Corte ha establecido dichos sistemas de órgano de control interno no pertenecen a la estructura interna de ninguna autoridad específica de los órdenes de gobierno, sino que son una instancia de coordinación que orbita alrededor de todos los sujetos obligados en la materia, como es el caso de una Universidad autónoma.
En otras palabras, enfocando el caso de Tabasco, la designación del titular de la Contraloría de la UJAT y de los titulares de sus direcciones, así como su creación misma, no constituyen parte de las facultades de autogobierno de la UJAT, sino que conforma una estructura externa que pertenece a una instancia coordinadora de creación constitucional, establecida con una finalidad específica como es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Función Pública) del Poder Ejecutivo, cuyo titular es el Gobernador de Tabasco Javier May Rodríguez.
La Suprema Corte incluso ha sido muy precisa al señalar que “En consecuencia, no puede considerarse de ninguna manera que la creación de un OIC que forma parte del sistema local anticorrupción, así como la designación de su titular por parte de una autoridad ajena a la Universidad, en sí mismas, constituyan una vulneración al principio de autonomía universitaria”.
Esto indica que toda universidad autónoma donde se pretenda crear un órgano de control interno, en el caso de la UJAT la Contraloría, y la designación del titular y de sus directores es un acto inconstitucional pues el artículo 113 constitucional establece que el Sistema Nacional Anticorrupción establecerá en las entidades federativas una coordinación de los órganos de control internos en las entidades e instituciones públicas creados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Es decir, ya no más juez y parte, ni autocontrol dentro de las instituciones.
Las universidades autónomas incluida la UJAT están obligadas a obedecer esa disposición constitucional. No pueden argumentar que es violación a la autonomía universitaria. Desde el 2002 –hace veintidós años– la misma Suprema Corte dejó claro en el tema de la autonomía universitaria que ésta es solamente para autonomía académica y administración de su patrimonio pero que eso no permite a las autoridades de una Universidad sustraerse o intentar sustraerse a la Constitución y las leyes. Así lo deja claro la tesis 2a. XXXVI/2002: “La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado.”
Para reforzar este análisis existe una la resolución de amparo de 2018 en la cual la Suprema Corte dejó claro, en el caso de las universidades autónomas lo siguiente: “La potestad de autogobernarse, eligiendo de entre sus miembros a sus propias autoridades y órganos de gobierno, definiendo los requisitos para ingresar, permanecer y egresar de ella, etc. La facultad de administrar su patrimonio, que implica la de establecer distintos mecanismos de financiamiento y obtención de ingresos. Sin embargo, dichas facultades de ninguna manera dotan a las universidades de un régimen de excepcionalidad, extraterritorialidad o privilegio, que las coloque en un supuesto de excepcionalidad o las sustraiga del respeto al Estado de derecho, esto es, a los principios y normas del sistema jurídico.”
El Gobernador Javier May Rodríguez tiene plenas facultades exclusivas para crear el órgano de control interno de la UJAT y nombrar a sus titulares. Eso daría, por primera vez, la oportunidad al gobierno y a la sociedad de escrutar los actos y los gastos del presupuesto de la UJAT que actualmente asciende a 2 mil 762 millones 326 mil 776 pesos más los ingresos propios que genera la UJAT, un total que rondaría los tres mil millones de pesos.
Desde su creación la UJAT ha sido un virreinato sin control donde la Controlaría es juez y parte en la vigilancia de los recursos. Pero no todo es el dinero, también es necesario frenar la utilización de la actual Contraloría como una Secretaría de la Persecución de Académicos pues ahí se hacen los montajes de los juicios llamados Procedimientos Administrativos sancionadores, donde las autoridades son juez y parte, actúan con prepotencia en las audiencias y desechan pruebas y alegatos a conveniencia.
Ahora bien, la situación crítica del Rector para conservar su puesto mantiene a la expectativa a la comunidad universitaria y diversos sectores de la sociedad. Después del informe de actividades del Rector se sabrá si continúa por los tres años restantes de su periodo o si entrega el poder. Hay dos candidatos a sucederlo en caso de que los dioses lo abandonen y son el Maestro Ulises Chávez Vélez, actual director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y la Doctora Miriam Carolina Martínez López directora de la División Académica de Ciencias de la Salud.
La opinión general dentro y fuera de la Universidad, por los magros resultados, la ausencia de desarrollo académico en la UJAT, y la regresión autoritaria a que ha dado lugar, es que deben dejar que sobrevenga la caída del Rector y que comience una nueva época para la UJAT. Esa nueva época podría estar marcada por la creación de un órgano interno de control por parte del Gobernador Javier May como lo marca la Constitución, las leyes y la Suprema Corte. Y así acabar con el oscurantismo en los manejos de los recursos públicos en esa institución académica y con la vida institucional en la inconstitucionalidad que el Rector la ha hecho llevar hasta ahora.
Lorenzo Léon Diez
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