La política de la élite y la política subalterna

Reseña del libro La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, Partha Chatterjee, 2008: Buenos Aires, Siglo XXI-CLACSO. 296 p.

Partha Chatterjee es un  teórico de la ciencia política de origen hindú, fundador del grupo de estudios subalternos dirigido por su compatriota Ranajit Guha. Se desempeña como profesor en el Centro de Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de Calcuta, en la India  y de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos.

En La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos Chatterjee integra un conjunto de ensayos selectos de su producción en los que analiza y cuestiona los límites de los conceptos medulares de la ciencia política europea y estadounidense —democracia, sociedad civil, modernidad, nación, nacionalismo, soberanía popular, comunidad— usados para medir el desarrollo de cualquier nación con la finalidad de propagar y universalizar la democracia liberal.

Chatterjee asevera que las categorías con las que  tradicionalmente opera la ciencia política clásica se encuentran desgastadas y son inoperantes para comprender y aprehender la compleja realidad cotidiana que se encuentra en las márgenes de las sociedades de Europa Occidental y de Norteamérica. En parte, esta situación obedece a que en las grandes ciudades que conforman ese mundo marginal, las nociones de sociedad civil y de ciudadano son irrelevantes como agentes portadores del cambio social a favor de las mayorías.  En cambio, lo que se percibe en esas sociedades subalternas, son sociedades con una elevada tendencia a la heterogeneidad que mediante vías ilegales en la mayoría de las veces y al margen de los mecanismos legales con que opera el gobierno buscan obtener su reconocimiento como grupo de población singular y desde luego una respuesta satisfactoria a sus demandas sociales.

Cuando percibimos esos indicios, estamos en el campo de acción de lo que Chatterjee denomina la ‘sociedad política’, es ahí donde la categoría de la ‘gubernamentalidad’ se desarrolla de manera vigorosa al incidir sobre un determinado cuerpo social que tiene como peculiaridad la heterogeneidad al incluir múltiples grupos de población que implementan diversas estrategias. Desde luego, que en esta situación no existe posibilidad para el ejercicio igualitario y uniforme de los derechos,  que emanan de la noción de ciudadanía; se debe entender, que los logros que se obtengan dependen por completo de la habilidad de los grupos particulares de población que los articulan a favor suyo. Estos “éxitos” son necesariamente temporales y  coyunturales,  siempre estarán en dependencia  del balance de las fuerzas que pueden cambiar y las reglas ahora flexibles a futuro pueden dejar de serlo.

Chatterjee, es puntual y aclara que no necesariamente todos los grupos de población subalterna actúan con éxito en la sociedad política y esto se debe en parte al nivel de organización social y de identidad colectiva que el grupo pueda alcanzar; de manera que los grupos que combinan un nivel bajo de organización social con una identidad colectiva se apartan del camino de  la sociedad política y por tanto no establecen ningún tipo de anclaje con el aparato de la gubernamentalidad.

En este contexto, Partha Chatterjee, se pregunta si,

¿pueden las reivindicaciones sociales particulares, muchas veces más allá del marco de la ley, articuladas por grupos de población marginales, ser consistentes con los valores cívicos y con el anhelo de una ciudadanía igualitaria?

Al respecto responde que para lograr “una política de los gobernados” viable con capacidad de obtener resultados es necesaria la mediación y son escasos los actores que pueden mediar con eficacia en  la sociedad política, es precisamente la escasez de mediadores con grados de confianza elevados los que ponen en duda la posibilidad de reciclarse a sí misma.

Partha Chatterjee, centra su atención en las poblaciones subalternas  desplazadas por las necesidades de los grandes proyectos de desarrollo, que se originan  a partir de una serie de nuevas tecnologías de la gubernamentalidad que se han implementado a escala global con el objetivo de asegurar que los beneficios del crecimiento alcancen a todos; al respecto plantea que es necesario un enfoque diferente que trascienda la concepción económica de costo y beneficio que tradicionalmente se utiliza en el análisis de estos casos y se consideren aspectos como, los derechos adquiridos por las personas afectadas por esos proyectos; además de considerar otros elementos como la pérdida de tierras y domicilio, el aumento del desempleo y la marginalidad social, las carencias nutritivas, el crecimiento de la morbilidad y la mortalidad, la pérdida de acceso a propiedades colectivas y la desarticulación social; lo anterior presupondría un enfoque diferente en cuanto a las políticas públicas, porque incluye el análisis de un conjunto de derechos sustantivos que van más allá de los ingresos o del acceso a bienes primarios.

El enfoque propuesto por Partha Chatterjee  puede llegar a alcanzar el éxito, mediante la vía de los derechos adquiridos que son los inherentes a quienes no poseen derechos sustentados, complementada con la participación de las personas perjudicadas por los procesos de reubicación; la participación si se pone en práctica con sinceridad pueden propiciar que los proyectos populares tiendan a ser más eficaces y exitosos. Se esfuerza por mostrar que al menos en la pequeña región de la India que él conoce, la sociedad política ha ganado un espacio dentro de la cultura política al adquirir un carácter singular dentro de la evolución de la cultura popular. En este sentido la sociedad política se muestra como una opción distinta a través de la cual se vislumbrarían nuevas maneras mediante las cuales las personas quieren ser gobernadas en contraposición  a la idea abstracta de soberanía popular.

Es precisamente en esa idea abstracta de soberanía popular que se encuentra anclada en nuestros días la legitimidad del Estado moderno y sobre ella también descansa  la base de la democracia moderna. Aun cuando, la idea de soberanía popular es más universal que la idea de democracia. Es por esta situación que junto al Estado moderno el concepto de pueblo y el “discurso de los derechos” han pasado a formar parte de la idea de nación.

Sin embargo, aunque la estructuración de los derechos en el contexto del Estado moderno fue definida, en la teoría política, por las ideas gemelas de libertada e igualdad, en la práctica con frecuencia han seguido caminos opuestos y han tenido que ser mediadas por otros dos conceptos: propiedad y comunidad. Así el concepto de propiedad parecía resolver la tensión entre libertad e igualdad en el nivel de la relación del individuo con otros individuos; y la noción de comunidad resolvía la tensión de libertad-igualdad  en el nivel de la colectividad.  Articuladas en torno a la noción de propiedad las soluciones podían ser más o menos liberales; en cambio, articuladas a la noción de comunidad las soluciones podían ser más o menos comunitarias. De todas maneras el Estado-nación soberano y homogéneo, era la forma específica donde se esperaba la realización del ideal moderno de ciudadanía universal.

De esta manera, propiedad y comunidad definieron los parámetros conceptuales del discurso político del capitalismo y las ideas de libertad y de igualdad moldearon los derechos universales del ciudadano que sirvió no solo en la lucha para abolir el absolutismo sino también para abolir las practicas capitalistas  que restringían la movilidad individual y la libertad de elección a marcos tradicionales definidos por nacimiento y estatus. Así que cuando referimos a la igualdad y libertad, propiedad y comunidad en relación al Estado moderno, se está haciendo referencia a la historia política del capitalismo.  Este hecho ha suscitado acalorados debates en el campo de la filosofía política angloamericana: entre individualistas y comunitaristas; propiciando además el surgimiento de la nueva corriente filosófica autodenominada “republicanismo” cuyo objetivo pasa por la afirmación antiabsolutista  que la libertad es la libertad, en primer lugar, frente a la dominación.

En lo que sí coinciden todos los pensadores independientemente de la posición teórico-filosófica que profesen, es en que, legislar a favor de una institución política no es suficiente para garantizar su existencia. Las instituciones deben como Philipe Pettit plantea “conquistar un lugar en los corazones de pueblo. Es decir: deben encontrar su espacio en la red de normas y valores propios de la sociedad, que generados de manera autónoma frente al Estado, son el sustento de las leyes de la nación. Únicamente esta sociedad, podría proveer la base social necesaria para sustentar la democracia capitalista. Estos presupuestos fueron la base de las teorías de la modernización del siglo XX, en sus versiones marxista y weberiana suponían que sin una transformación de las instituciones  y prácticas de la sociedad, producto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba era imposible mantener condiciones de libertad e igualdad en el ámbito político. Para muchos este argumento, aun proporciona el fundamento ético de sus proyectos modernizadores en el mundo occidental: transformar antiguos sujetos no familiarizados con las posibilidades de igualdad y libertad en ciudadanos moderno.

Chatterjee plantea que a la par del debate filosófico sobre los derechos del ciudadano en el contexto del Estado moderno y en especial en torno de los conceptos de libertad y comunidad. El surgimiento de democracia de masas en los países desarrollados dio origen a una distinción nueva entre ciudadano y población; desde esta óptica los ciudadanos habitan el dominio de la teoría y la población el campo de las políticas públicas. Desde esta óptica Michel Foucault plantea que el poder es la gubernamentalización del Estado. Este poder ya no fundamenta su legitimidad a través de la participación de los ciudadanos en las cuestiones del Estado, sino en su papel como garante y proveedor del bienestar de la población, posición que ha convertido el arte de gobernar en una cuestión cada vez menos vinculada a lo político y cada vez más cercana al diseño y ejecución de políticas administrativas: un trabajo de tecnócratas más que de representantes políticos. Algunos estudiosos han denominado este sistema como “el gobierno desde el punto de vista social”. 

Chatterjee, agrega que en las sociedades subalternas —en particular en Asia y en África— a diferencia  de los países desarrollados,  la trayectoria del Estado-nación es más corta y  las tecnologías de la gubernamentabilidad casi siempre han precedido al Estado-nación y por lo tanto los anhelos de una ciudadanía republicana se vieron condicionados por el Estado desarrollista, fundado en la promesa de acabar con la pobreza a través de la adopción de políticas públicas adecuadas, de crecimiento económico y reforma social. De ahí que considere que al menos para el caso de la India, la conexión que se da entre los grupos de población con las agencias gubernamentales a través de diversas políticas de bienestar se puede dar mediante un nuevo patrón de asocietividad e interpelación entre el Estado y sociedad política, en virtud de que el concepto de sociedad civil es inoperante en el contexto de la sociedad hindú, porque en el sentido expresado por la Constitución los habitantes de ese país apenas si pueden ser definido de manera vaga y ambigua como ciudadanos y por lo tanto no pueden ser considerados miembros de la sociedad civil, y no son reconocidos como tales por las instituciones públicas, lo cual no implica que estén fuera del alcance del Estado o que estén excluidos de la esfera de lo político. Esta situación hace que esas poblaciones establezcan ciertos vínculos políticos con el Estado y no necesariamente apegados  a lo establecido idealmente en el paradigma de la representación que se afirma en las leyes.

Para finalizar, referiré que Partha Chatterjee  plantea que para entender estas formas recientes de entrelazamiento entre la política de la elite y la política subalterna el concepto sociedad política es útil pues en la práctica real las agencias gubernamentales están obligadas a descender hasta el terreno de la sociedad política para renovar su legitimidad como proveedoras de bienestar y estabilidad social, confrontando las demandas políticamente movilizadas.